1.-Salarios, empleo, crédito y política monetaria en el último ciclo de la economía española
La esencia del sindicalismo es la negación de la ley de la oferta y la demanda en el mercado laboral. Al fin y al cabo, cuando se acepta la ley de la oferta y la demanda, los sindicatos solo pueden afectar los salarios mediante la creación deliberada de desempleo involuntario.
Sin embargo el mercado laboral no es una excepción a las leyes de la economía, y la evolución de los salarios y el empleo en el último ciclo de la economía española es un ejemplo de manual de que la ley de la oferta y la demanda funciona. Desde 1996, la precarización de las condiciones laborales en España pemitió al mercado absorber las tasas de desempleo de dos dígitos de finales de los ochenta y principios de los noventa. En el periodo 1996-1999, la economía española convirtió a gran velocidad parados en mileuristas. Después, una vez absorbido el desempleo, debería haber empezado el aumento de los salarios. Pero nunca ocurrió. Por una parte, una vez reducido drásticamente el desempleo español, empezamos absorber el de Ecuador y Marruecos, sin que los sindicatos, siempre preocupados por los salarios, tuviesen nada que decir sobre el aumento la oferta de trabajo (¡!). Curiosamente la misma izquierda que criticaba el modelo de crecimiento español (que respondía racionalmente al hecho no tiene sentido esforzarse en aumentar la productividad cuando el país podía disponer de una cantidad ilimitada de factores fácilmente importables) apoyaba sin fisuras seguir extendiéndolo mediante la importación masiva de la mano de obra barata en la que se basaba.
Por otra parte, a pesar del estancamiento de los salarios reales, la demanda (=consumo + inversión) creció con el recurso al crédito barato, resultado de una política del BCE que respondía a las necesidades económicas de Francia y Alemania, y que finalmente se ha demostrado catastrófica para los países periféricos del área del euro. Ese crédito barato y la ausencia de un mercado del alquiler, provocaron la peor burbuja inmobiliaria desde la de Japón. De forma que el crecimiento económico en España desde 2002 consistió en que la no muy boyante clase media española tomaba prestados fondos de Alemania para importar bienes de equipo (normalmente también alemanes), combinarlos con el trabajo de albañiles rumanos[b1] , ecuatorianos y marroquíes y producir casas artificialmente caras, en parte por la inflación de costes y activos que el crédito barato había provocado, y en parte porque sin mercado del alquiler el precio de la vivienda es básicamente arbitrario. Todo esto, sin que los salarios reales aumentasen, ya que sufrían una permanente presión a la baja derivada del enorme flujo migratorio, y del efecto inflacionista de las entradas de dinero alemán. Una triple “burbuja”, inmobiliaria, de deuda y migratoria.
No obstante, aunque los salarios reales no aumentaron en el ciclo alcista, los salarios nominales han aumentado muchísimo. Mil euros, nuestro paradigmático salario basura, es mucho dinero en el contexto de la economía global, y a la vez que los enormes flujos financieros del resto del área del euro entraban en España, generando un fuerte diferencial de inflación, la economía española mantenía un crecimiento moderado de las exportaciones, y brutal de las importaciones. España lleva muchos años perdiendo competitividad, y solo hay dos caminos para recuperarla: aumentar la productividad (lo que siempre es un proceso lento, en el que ninguna política de corto plazo puede incidir) y/o rebajar los salarios.
El primer (aunque insuficiente paso) ya se ha dado con los salarios públicos; ahora toca dar los pasos correspondientes en el ámbito de los salarios privados; ya sea mediante una reforma laboral liberalizadora (y muy liberalizadora: aquí no valen medias tintas) o mediante una firma generalizada a la baja (y mucho) de los convenios colectivos. Lo ocurrido en España era un proceso conocido, la llamada crisis Blanchard. Y la única solución a esa situación dentro del área del euro pasa por pasar muchos años con una inflación negativa respecto del área del euro (mientras amortizamos parte de la deuda exterior) para recuperar parte del diferencial de inflación que ganamos en los años “buenos” del ciclo. Si el esfuerzo se realiza de forma rápida y coordinada (como propone Blanchard) nos ahorraremos repetir en España la década perdida de Portugal. Si no, solo queda dirimir si vamos hacia un larguísimo y terrible estancamiento económico con tasas de paro permanentemente superiores al 15%, o hacia una catástrofe financiera.
2.-¿Qué Exigir al Gobierno?
Hace ya casi dos semanas, que, obligados por los mercados, y por los millones de “especuladores” entre los que usted se encuentra si no ha comprado Deuda Pública en los últimos meses, el Gobierno acometió un plan de estabilización necesario, aunque claramente insuficiente. El recorte a los funcionarios ha sido escaso, y sobre todo desigual. Si algo caracteriza a la función pública es que mientras los puestos administrativos están pagados significativamente por encima de los salarios de mercado (es mejor ser secretaria o conserje en el sector público que en el privado), los altos cargos reciben salarios en general bastante peores que los que tienen cargos similares en el sector privado. Una reducción lineal de los salarios públicos del 10% hubiese sido mucho mejor, aunque en este país de demagogos (lógicamente gobernado por un demagogo) parece que es imposible tomar una medida correcta sin añadir alguna concesión a la gilipollez reinante.
Una vez hemos tocado los salarios de los funcionarios, es importante que las 17 Taifas no “compensen” con el dinero y el crédito de todos, a sus propios trabajadores. Y lo que vale para las Taifas, vale también para los pequeños cacicatos municipales, que no olvidemos que son las administraciones más corruptas e insaciables de un Estado particularmente corrupto e insaciable. No puede ser que la administración central acabe siendo la única pagana de esta crisis.
Por otra parte parece que los pensionistas son las vacas sagradas del Régimen demagógico, así que no importa lo cerca que estemos del abismo, o los enormes costes que ya ha provocado la crisis, para ellos la congelación de sus rentas es un sacrificio intolerable en un año en que millones de trabajadores han perdido su empleo, miles de empresas han cerrado, todas han visto una caída brutal de sus beneficios, los funcionarios han perdido poder adquisitivo, los cobros de intereses se han desplomado, el Estado se aproxima a la quiebra y la inflación estructural es negativa por primera vez desde la II Guerra Mundial.
En todo caso, ahora lo que importan son los recortes adicionales. Los presupuestos generales del Estado incluyen la asombrosa cifra de siete mil millones de euros (un 20% más que el recorte de los funcionarios) en políticas de “fomento del empleo” que no parecen fomentar gran cosa. Esos siete mil millones de euros acaban en el bolsillo de los sindicatos y la patronal en forma de cursos de formación y otros pesebres. Se pueden recortar o eliminar.
Llega el momento (y si no es en este recorte, será en el próximo, porque este no es el último) en que a la oposición se le va a pedir que se ponga de parte del Gobierno. El PP debe poner como condición (aparte de un control estricto de todos los inevitables intentos autonómicos por saltarse la austeridad nacional) que se recorten esos siete mil millones (en cinco mil como mínimo). Esa única exigencia desenmascararía a este Gobierno como un títere del sindicalismo de opereta, o sellaría definitivamente su compromiso por abandonar (más vale tarde que nunca, y ojalá pagándolo en votos) las mentiras y la demagogia de los últimos dos años.
Lo que no puede ser es que un partido presuntamente de derechas, que debe representar la ortodoxia y la racionalidad económica intente pasar a este Gobierno por la izquierda, aliándose con las fuerzas sindicales contra un plan de estabilización caracterizado precisamente por su tibieza. Al enfrentarse a estos recortes incondicionalmente y ponerse implícitamente de parte de los sindicatos, el PP se convierte en un partido in-elegible y traidor, y deja la cordura a este Gobierno de locos. De lo que se trata, precisamente es de lo contrario: de exigir al Gobierno que rompa con los aliados y el discurso que desde hace dos años solo ha contribuido a empeorarlo todo.
3.-¿Cómo salvar al Euro?
Hasta aquí lo que se puede hacer desde España. Pero no basta.
En 2004 ya hacíamos notar en este blog que todos los éxitos coyunturales del euro solo ocultaban un enorme fracaso estructural. Seis años después ha quedado claro que necesitamos una política fiscal común en la UEM. Sin esa política común, cuanto antes se rompa el euro, mejor, porque se romperá de todas formas, y encima después de hacer indecibles sacrificios para salvarlo. Esta crisis solo se puede resolver con dos recetas: más ortodoxia económica, y más Europa. Mejor aún: una Europa de la ortodoxia económica.
Ya ha quedado claro que la gestión nacional del déficit público con una moneda común y 13 soberanías es insostenible. La clase de competencia por el endeudamiento que describí hace unos años ya está aquí. En última instancia, lo fiscal y lo monetario están demasiado íntimamente unidos en un régimen de moneda fiduciaria para permitir la quiebra de ningún soberano en la UEM. Por ello, es necesario crear una política fiscal común creíble, o convertiremos al Euro en una nueva lira turca. Las limitaciones de Maastrich (un máximo incondicional del 3% de déficit para todos los países de la UEM, con independencia del punto del ciclo en el que se encuentren) son absurdas fuera de las condiciones macroeconómicas de la “La Gran Moderación” en las que se firmaron. Para España, por ejemplo, un déficit del 1% en 2006 era criminalmente expansivo, y ahora mismo, solo un enorme esfuerzo de austeridad podría llevarnos a un déficit del 6% el año que viene (por debajo de eso, tendríamos una catástrofe social sin paliativos).
No nos vale Maastrich, y no nos valen las emisiones nacionales de deuda pública. Y no valen parches, ni planes ad-hoc, y sobre todo no vale arreglar esto con confusos pactos multilaterales. Necesitamos que las emisiones de deuda de la UEM sean comunes en forma de Eurobonos, que se prohíban las emisiones nacionales (y sub-nacionales) de deuda pública, y que una agencia europea tenga control ejecutivo directo y capacidad de auditoría sobre la situación financiera de los miembros del área del euro.
Y la misma agencia que audite las cuentas y emita los Eurobonos debe establecer los programas de amortización/endeudamiento de los Estados miembros mediante un procedimiento automático (una fórmula) que sea sensible al stock de deuda del país, y a su crecimiento corriente y potencial, en vistas de lograr una convergencia entre países a un nivel de deuda pública que debería estar para todos entre el 40 y el 70% del PIB y para el conjunto del área cerca del 50%, de una forma compatible con la evolución cíclica de los distintos países. Una política así es especialmente necesaria cuando varias economías distintas comparten una sola política monetaria, y por tanto están obligadas a utilizar herramientas fiscales para gestionar sus desacoplamientos cíclicos.
Esto no significa que los presupuestos (ingresos y gastos) de los Estados se sustraigan del control parlamentario y democrático. Solo significa que los déficit/superávits (=Ingresos-Gastos), no solo deben quedar lejos de los Parlamentos, sino también lejos del poder del cartel de gobiernos europeos (ECOFIN). Necesitamos una agencia europea de la financiación pública tan independiente como el propio Banco Central, y con un mandato igualmente técnico y claro.
Espero (aunque no creo) que esto sea políticamente viable, pero si no lo es, el euro se romperá, o merecerá hacerlo.
Kantor en: http://www.lorem-ipsum.es/blogs/equilibriosocial/
